La sentencia sobre el impuesto de las hipotecas será revisada

La sentencia sobre el impuesto de las hipotecas será revisada

La sentencia sobre el impuesto de las hipotecas será revisada

El Tribunal Supremo español, en una iniciativa sin precedentes, llevará al Pleno de la Sala Tercera la decisión final sobre si son los bancos o sus clientes quienes tienen que pagar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados que grava las hipotecas. El experto en derecho hipotecario y socio director del despacho Nexum Legal desde su área especializada Derecho@Reclamar, Carlos Antón Mérida, ofrece algunas respuestas a las muchas preguntas que ha generado esta sentencia. Los inversores temen un impacto negativo en las cuentas de las entidades financieras.

El Tribunal Supremo ha hecho público un comunicado este viernes en el que explica que avocará a un Pleno compuesto por más de 30 magistrados el primer caso que les llegue relativo al sujeto pasivo -a quien corresponde pagar- el Impuesto de actos jurídicos documentados (AJD).

¿Qué impuesto es? ¿Se puede reclamar?

La banca cotizada española recibió ayer otro torpedo en su línea de flotación por si no tenía bastante con la política monetaria ultralaxa del Banco Central Europeo (BCE), que tanto daño le está haciendo a sus márgenes en los últimos tiempos.


Vía civil: No obstante y para aquellos que hayan formalizado la hipoteca hace más de cuatro años, también existe la posibilidad de acudir a la vía civil. Hasta ahora, el alto tribunal solo reconocía la devolución de los gastos de notaría, registro de la propiedad, tasación y gestoría, derivados de la formalización de la hipoteca.

Sin embargo, las asociaciones de consumidores y algunos despachos de abogados apuntan a que la sentencia debe afectar a todas las hipotecas, pues el cambio de opinión del Supremo significa que el pago del IAJD vuelve a entrar en la cláusula de gastos de hipoteca a la que aplican la nulidad por considerarla abusiva, por lo que no prescribe.

Ya lo hizo con la polémica reforma del recurso de casación a través de unas simples normas de reparto (cuando la competencia para regular aquellas cuestiones era de la Ley Orgánica del Poder Judicial) decidiendo además que aquella reforma (que era en realidad su reforma) se aplicaría a procedimientos que ya estaban entonces tramitándose y casi finalizándose, lo que está absolutamente prohibido por el ordenamiento jurídico.

El movimiento fue tan brusco que la banca se dejó en apenas unas horas más de 5.000 millones de euros de capitalización bursátil con respecto a la jornada anterior. Desde esta institución se han mostrado "perplejos" ante este nuevo viraje de los tribunales y han rechazado que el Supremo "haga política económica". No obstante, admiten que puede tener una gran trascendencia, sobre todo si tiene carácter retroactivo.

Noticias relacionadas



[an error occurred while processing the directive]